El 1º de junio el Presidente Boric dará su 3ª cuenta presidencial al Congreso y al país. Ya después de 26 meses de gobierno no es hora de anuncios de nuevas reformas, sino que es hora de los primeros balances de las realizaciones y avances que se han concretado en este período.

Un gobierno que ha tenido demasiadas complicaciones de gestión política como fue en 2022 donde supeditó la implementación de su programa de gobierno al resultado del plebiscito constitucional que fue un fracaso para su sector, ya que 62% de la ciudadanía rechazó el Apruebo. También debió realizar un severo ajuste fiscal y de la actividad para resolver el mal manejo económico durante la pandemia y sus reformas emblemáticas como la tributaria y previsional no han sorteado la votación en el Parlamento.

Las encuestas muestran en los últimos meses altos niveles de desaprobación a la gestión presidencial y en especial a la gestión ministerial, hay una mayoría social importante que siente que el país “está estancado” tanto económicamente como socialmente, que ya se formó una opinión negativa sobre la gestión de la actual administración.

Hay una mayoría del país que vive con temor, con preocupación e incertidumbre lo que está ocurriendo, especialmente a nivel de las familias de ingresos medios y populares.

Hay una sensación predominante que ante la delincuencia, ante el crimen organizado, ante la débil recuperación de la actividad económica y del empleo que el desafío político que se tiene para el futuro -especialmente para el ciclo electoral que se viene en octubre- es que se requieren alianzas y actores políticos que se enfoquen prioritariamente en la seguridad, el combate a la migración ilegal, a mejorar la situación económica y enfrentar las bajas pensiones. Esa es la agenda que está instalada para los próximos años a la cual se le podría agregar la urgente revalorización de la educación pública, ante los problemas que se han generado con la instalación de los SLEPS y avanzar hacia un sistema de salud donde se complementen FONASA con los prestadores privados, fortaleciendo las modalidades de cobertura complementaria creadas en esta nueva ley.

Pero esos desafíos de futuro no son para un gobierno que ha ido perdiendo apoyo ciudadano, que no logró sacar adelante sus reformas y ha perdido la mayoría electoral que tuvo en algún momento en el Parlamento.

Por tanto, la Cuenta Pública del próximo 1º de junio es un desafío complejo para el gobierno, ya que debe enfocarse en que se han enfrentados los problemas que están instalados en la opinión pública.

Debe ser un planteamiento en que se privilegien los reportes sobre por ejemplo cómo va el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana para las familias afectadas por el mega incendio forestal de febrero pasado. Ya se está entrando al invierno y a las lluvias y las familias siguen viviendo en carpas y no en viviendas transitorias.

La situación de violencia y de miedo se ha acentuado en los barrios y comunas del país, en los territorios se demanda mayor presencia policial, mejor equipamiento para Carabineros, combate al lavado de activos que se realiza en las comunas y barrios dominados por Narcos y aquí hay opiniones disímiles, sabiendo que queda mucho por hacer en materia de combate al crimen organizado.

Una reciente encuesta revela que para 55% de la población la educación pública la siguen considerando mala y es una cifra superior al 2016. En el MINEDUC insisten en seguir traspasando colegios a los SLEPS sin la debida evaluación externa e independiente que comprometió en el Senado cuando se debatió la ley de presupuesto 2024 y solo se escucha a Consejos de asesores “enamorados” del diseño de reforma que claramente no ha funcionado para mejorar la calidad de la educación pública. Tampoco hay respuestas para las múltiples situaciones de violencia escolar que están sufriendo las comunidades educativas ante la indiferencia del MINEDUC.

Uno esperaría que la Cuenta Pública se hiciera cargo de la crisis educativa de los SLEPS y propusiera una agenda de acciones pedagógicas, en materia de recuperación de infraestructura escolar y en mejoras para la convivencia escolar que iniciaran un camino transversal de un mejoramiento de la educación pública.

La economía ha presentado una recuperación de la actividad en este primer trimestre, se ha conversado con ambas mesas del Parlamento para darle prioridad a 21 proyectos de ley que impactarían en el crecimiento de la economía, eso es una buena señal; pero esperemos se concrete, pero lo vemos difícil en un ambiente político crispado y polarizado donde se descartan los acuerdos cuando es lo que más anhela la ciudadanía y donde la derecha se niega persistentemente a realizar ajustes tributarios en el 5% de mayores ingresos.

Lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia.