El reciente episodio en torno al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ha vuelto a colocar al Poder Judicial en el centro de la controversia política. La incomodidad expresada por la Corte Suprema no es un detalle menor: refleja la tensión creciente entre el respeto a la independencia judicial y la presión ejercida desde el Congreso.

La acusación constitucional anunciada por parlamentarios oficialistas contra Ulloa —y eventualmente contra otros jueces— tras el empate que impidió su remoción, no solo pone en cuestión a un magistrado, sino que amenaza con erosionar profundamente la arquitectura de pesos y contrapesos que sustenta nuestro Estado de Derecho. Más grave aún fue la declaración pública de esos legisladores en vísperas de la votación: un gesto que, más allá de las legítimas diferencias, suena a advertencia política contra la judicatura.

Una presión que incomoda

La Corte Suprema ha respondido con prudencia, convocando jornadas de reflexión interna. Pero esa prudencia no debe confundirse con pasividad. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía ciudadana: sin jueces libres de presiones externas, el derecho de cada persona a un juicio justo se transforma en letra muerta.

El dilema es evidente. Si el Congreso utiliza la acusación constitucional como una herramienta de represalia ante decisiones jurisdiccionales que no comparte, se abre la puerta a un control político indebido sobre el Poder Judicial. Y si los jueces, temerosos de esas represalias, comienzan a fallar “a la medida” de los poderes políticos de turno, la imparcialidad judicial quedará herida de muerte.

Más allá del caso Ulloa

No se trata solo del ministro Ulloa ni de una votación empatada. Se trata de la institucionalidad misma. El problema de fondo es cómo asegurar que los mecanismos de responsabilidad judicial —necesarios en cualquier democracia— no se transformen en un instrumento de presión política. La acusación constitucional, concebida para situaciones excepcionales, no puede ser usada como espada de Damocles permanente sobre quienes tienen la misión de juzgar con autonomía.

El desafío pendiente

El Poder Judicial vive un escenario complejo: enfrenta la desconfianza ciudadana, la crítica política y el escrutinio mediático, al tiempo que debe defender la independencia de sus fallos. La Corte Suprema, al evaluar un pronunciamiento, tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro: que la justicia chilena no está dispuesta a convertirse en rehén de los vaivenes partidistas.

La pregunta que queda planteada es incómoda pero necesaria: ¿queremos un Poder Judicial que falle conforme al derecho y su convicción jurídica, o uno que dicte sentencia con la calculadora política en la mano? La respuesta, por obvia que parezca, está en el corazón de nuestra democracia.