Vivir en barrios más seguros es una petición ciudadana que escuchamos en las diversas conversaciones que tenemos con los vecinos de Puente Alto, La Florida, La Pintana que son las comunas más grandes en la Región Metropolitana.

Las familias no pueden seguir viviendo en la inseguridad, en el temor permanente, encerrándose en su casa o departamento tempranos, sometidos al control territorial de bandas del crimen organizado lo que requiere una política pública de seguridad que vaya mejorando permanentemente.

Una política de seguridad requiere una importante inversión pública ya sea en equipamiento policial, en fomento de actividades de prevención, infraestructura en las comunas para los organismos policiales; coordinación de los orgnismos estatales; los países que combaten en serio a las bandas delictuales gastan más recursos y no menos.

Por tanto, combatir la delincuencia es incompatible con una política de recortes fiscales como la planteada por los candidatos presidenciales y parlamentarios de las ultraderechas. No es serio proponer recortes del gasto fiscal con combatir la delincuencia.

En estos años el gasto en seguridad ha crecido producto de los acuerdos en Seguridad en el Parlamento y los largos debates presupuestarios que permitió establecer acuerdos políticos para hacer crecer el gasto en 16,7% entre 2022 -2025, especialmente en los organismos policiales como Carabineros y PDI cuyo incremento en ese período llegó a 18%, centrado especialmente en incrementar el equipamiento policial; pero lamentable para 2026 este ritmo de crecimiento se detiene y solo llegará a 1%, si se considera Ministerio de Seguridad y sector Gendarmería/Justicia.

En el caso del Ministerio de Seguridad el presupuesto 2026 cae -0,6%, equivalente a una caída de $14.000 millones lo cual considero muy grave para el país.

Cuando la ciudadanía vive con más miedo a las bandas delictuales la decisión política no puede ser rebajar el presupuesto del nuevo Ministerio de la Seguridad en -0,6%, ni menos rebajar el presupuesto del Plan Contra el Crimen Organizado en -32% que ha sido una vía para reforzar los recursos a organismos del circuito institucional que combate el crimen organizado.

No resulta sensato políticamente que el Presupuesto en Ministerio de Seguridad para 2026 sea rebajado producto de las caídas que tienen los recursos para la Subsecretaría de Prevención del Delito -que cae -6,2%- y la Subsecretaría de Seguridad -que cae 17% para 2026-.

La política de estrechez fiscal no puede afectar el combate contra el crimen organizado ni la necesaria inversión pública en Vivienda, Educación y Salud, sería un error político mayor que actual gobierno -en la práctica- implemente una política de recortes fiscales que discusivamente critica.

La coherencia política democrática es que el ajuste fiscal puede ser en gasto corriente, en programas mal evaluados y/o duplicados; pero no resulta sensato que se recorte el gasto fiscal en seguridad rebajando -32% el Plan contra el Crimen Organizado o congelando el Plan de Calles sin Violencia.

Es de esperar que Parlamento haga recapacitar el Gobierno y rechace estos recortes al gesto en seguridad que están prioritario hoy para las familias chilenas.