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La vista del ministro a la Araucanía: Más diálogo y argumentos y no las metrallas ni los cañones.Por Oscar Osorio, Sociólogo

“Nos manchan y nos llagan, creo yo, los delitos del matón rural que roba predios de indios, vapulea hombres y estupra mujeres sin defensa, a un kilómetro de nuestros juzgados indiferentes y de nuestras iglesias consentidoras”.
Gabriela Mistral, Temuco 1920, siendo directora del liceo de niñas
 
La visita del ministro del Interior a la región de la Araucanía coincide con una de las expresiones de mayor densidad de violencia del llamado conflicto mapuche durante el último tiempo. En efecto, tomas de edificios municipales y posterior incendio en algunas de ellas, por parte de comuneros mapuches que apoyan la causa de los “presos políticos de la Araucanía” que se encuentran en huelga de hambre y particularmente la situación del “machi ”Celestino Córdova, fue la imagen que copó los medios los medios de comunicación y los sigue copando. Además de unos confusos accidentes que involucraron a civiles, todos premunidos de palos, fierros y diversas armas y carabineros en medio de una acción de desalojo a una de las municipalidades ocupada por comuneros (hombres, mujeres y niños), plagada no solo de símbolos de racismo explícitos (“el que no salta es mapuche”, salgan indios cu….”), sino de complicidades que necesariamente deben ser aclaradas por la justicia: “entren Uds. (hombre de civil dirigiéndose a oficial de carabineros) por la entrada principal y nosotros los esperamos por atrás”
 
Este fue el estreno del cargo del ministro Pérez. Se trató de una señal clara, sin ambages ni sujeta a interpretación alguna: el orden social debe ser restaurado a cualquier precio. Los que mandamos somos nosotros. El ministro se puso el traje de jefe de la barra brava, aleonó a sus huestes, les dio espacio para actuar y se volvió. No hubo ninguna mención al conflicto en sí, a sus causas, y su resolución que es de naturaleza política y no solo orden y militarización, como piden y exigen las “huestes”.
 
Por qué el reclamo y crítica del mundo indígena, particularmente mapuche, hacia el estado
 
El estado chileno, a poco andar desde su constitución, a mediados del siglo XIX, comienza a tener una gran demanda de granos proveniente de California y su fiebre de oro. La tierra del valle central estaba ocupada por la aristocracia terrateniente, criolla y blanca, por supuesto, heredera de las encomiendas transformadas posteriormente en haciendas. En razón de lo anterior y básicamente en virtud del nuevo paradigma de desarrollo que las elites criollas hacen suyo, relacionado con el binomio civilización-barbarie, se comienzan a mirar las tierras “al otro lado del Biobío”. La tensión existente era muy simple: la civilización requería de leyes, de firmas, de contratos, de títulos de la tierra, de formalidades, de productividad, de saber trabajar la tierra.
 
Lo contrario, se llamaba barbarie. Por lo tanto, era menester importar la civilización y exterminar la barbarie. De esta manera se prepara la “pacificación de la Araucanía”, a través del ingreso del ejército a partir del año 1861 y hasta 1893. Y así, sin más, el “territorio” mapuche de la Araucanía, ubicado entre los ríos Biobío por el norte y Toltén por el sur, pasa a ser del estado chileno. A los mapuches se les reduce en escasas tierras y de mala calidad, a través de los títulos de merced y de comisariato. Por supuesto sin apoyo estatal, a diferencia del apoyo que el mismo estado les entregaba a las familias extranjeras que comenzaron a colonizar parte importante de este territorio: alemanes, suizos, franceses, que traían a este territorio ocupado por bárbaros, la civilización. Es decir, es el estado chileno que, a partir de esta fecha, con todo su aparataje cultural y peso de la ley, fuerza la integración a través de la asimilación de la historia, cultura y códigos comunicacionales construida por la élite de la sociedad chilena.
 
Y así, a través de la ley y sus representantes (más bien leguleyada), al servicio de la influencia cada día más marcada por el caudillismo y poder de los nuevos hacendados, que comienzan a tener gran protagonismo en la zona (incluso más que la autoridad del territorio), se van corriendo los cercos; se firman ventas y compras de tierras a través de contratos espurios y fraudulentos. En síntesis, se desaloja de la tierra (“de su tierra”) a “estos” no productores. Tal como pudo comprobarlo en el año 1920 una joven Gabriela Mistral, durante su estadía en la ciudad de Temuco, a cargo de la dirección del liceo de niñas de la ciudad.
 
Comienza a instaurarse entonces una relación asimétrica entre las autoridades del recientemente creado estado chileno con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, que caracterizará prácticamente toda la vida republicana. Culturalmente, la república y el estado instauran de facto un sistema un sistema de castas, un orden estratificado propiciado por la aristocracia blanca y criolla, donde no tienen cabida, ni los negros, los indios, ni menos “las cruzas”: mestizos, cholos, mulatos, zambos, ladinos, cuarterones, etc., salvo, como mano de obra barata, prácticamente esclava, devenida en inquilinaje, para sus haciendas.
 
En razón de lo anterior, se producen fuertes oleadas de migración campo-ciudad, ya que las escasas y malas tierras no alcanzan para alimentar a todos los hijos. Hoy, en el año 2020, la mayor cantidad de mapuches vive en la las comunas más pobres de Santiago (600.000 personas aproximadamente), donde por lo demás son doblemente estigmatizados: por ser pobres e indígenas.Este es, entonces, el contexto que permite entender el concepto de deuda histórica entre el estado chileno y los Pueblos Originarios, particularmente con el pueblo mapuche, donde no solo no son reconocidos, sino que despojados de su territorio.
 
El estado y los pueblos indígenas en el siglo XX. Algunos hitos relevantes, respecto de la relación del pueblo mapuche con la tierra.
 
El siglo XX, no cambia mayormente el estado de cosas. Y, más allá de esporádicos episodios organizacionales, no es sino hasta 1964, que ocurre un gran hito, con el advenimiento de la Democracia Cristiana al poder y particularmente con la promulgación e implementación de la ley N° 16.640 de Reforma Agraria, donde la temática indígena (asociada a lo rural) comienza a tener una mayor connotación comunicacional a partir de algunas expropiaciones de predios que son entregados a comunidades mapuches. Luego, un segundo hito en el gobierno de la Unidad Popular, ya que se comienza expropiar más cantidad de predios, para ser entregados a comunidades mapuches. Incluso más, se firmó en Temuco el 28 de marzo de 1971 el proyecto de ley que creaba la Corporación de Desarrollo Indígena. Sin embargo, habida cuenta del golpe militar, tanto respecto los predios entregados que no alcanzan a terminar los procesos burocráticos (Inscripción en Bienes Nacionales y otros trámites) y que posteriormente son devueltos a sus antiguos dueños y/o vendidos a muy bajo precio a las incipientes empresas forestales ya presentes en la zona, como el tema de la Corporación de Desarrollo Indígena, tampoco alcanzan a cristalizarse.
 
Con la dictadura cívico-militar, lo indígena no sólo se invisibiliza, sino que deja prácticamente de existir. Recién, a partir de la dictación del DL N° 2.568, de 1979 que promueve y autoriza la división de comunidades mapuches, negando así el concepto de comunidad, es que comienzan a esbozarse las primeras manifestaciones de un movimiento indígena en contra de tal expresión jurídica. En este sentido, no es sino con el acuerdo de Nueva Imperial, llevado a cabo en 1988, entre las principales organizaciones indígenas del país y el entonces candidato a presidente por la coalición opositora a Pinochet, Patricio Aylwin Azocar, que se establece una relación entre la elite política chilena, en este caso de la oposición a Pinochet, y el movimiento indígena. Este es, sin lugar a dudas, otro de los hitos relevantes.
 
El compromiso era que Patricio Aylwin, una vez investido de Presidente de la República, enviaría al Congreso 4 proyectos de ley que permitirían retomar la cuestión indígena: A saber, la dictación de una ley indígena, la creación de una institucionalidad indígena, la ley de Reconocimiento Constitucional de Pueblos indígenas y finalmente, la adhesión de Chile al Convenio 168 de la OIT. El presidente Aylwin honra su compromiso con el mundo indígena y estos proyectos son enviados al comienzo del gobierno de la “Concertación de Partidos por la Democracia.” Sin embargo, la correlación de fuerzas, a propósito del peso de los Senadores designados y del sistema binominal, hizo que solo se aprobaran dos proyectos: la dictación de la ley indígena 19.253 y la ley que permite la creación de la Corporación Nacional Indígena (Conadi). El tema del Convenio 169 y el Reconocimiento constitucional, quedan suspendidos. Recién, después de 18 años (el año 2008) se aprobó el decreto 169 de la OIT y aún no se reconoce constitucionalmente al mundo indígena, con sus historias, lenguaje y cultura.
 
La recuperación de la democracia y los pueblos indígenas
 
Después de casi 30 años de recuperada nuestra democracia, y de implementar una serie de iniciativas y programas, para tratar de visibilizar el tema indígena y dotarlo de una agenda y ruta de resolución, el conflicto no solo permanece, sino que aparentemente se profundiza, generándose otras deudas, por ejemplo la de carácter cultural. En efecto, no sólo los códigos, semánticas, cosmovisiones e identidades indígenas no han estado presentes, en su real expresión en la agenda política y económica y cultural del país, sino que fundamentalmente, el rostro indígena ha estado prácticamente invisibilizado. Lo hemos condenado, como estado y sociedad chilena, prácticamente a 200 años de soledad, dejando que su cultura, idioma e identidad, solo se desarrollen en la trastienda de sus fogones.
 
Es cierto que las grandes cifras promedios hablan de la disminución de la pobreza en el país y, consecuentemente también en el mundo indígena. Sin embargo, las cifras de pobreza actuales del mundo indígena doblan a los pobres no indígenas (15% y 8% respectivamente según los datos de la CASEN 2017). Pero también sabemos, tras el estallido social, la situación de vulnerabilidad social en que se encuentra el país, a propósito de las cifras de la desigualdad social en el país. Por lo tanto, sobre todo post pandemis covid-19, estos guarismos necesariamente cambiarán. ¿Cómo afectará esto al mundo indígena? No lo sabemos, ya que ni siquiera existe una base de datos de contagiados y fallecidos por efecto del Covid, asociada a pertenencia o no a pueblo originario. Tal situación conforma otra manifestación más de atropello, discriminación e invisibilidad hacia los pueblos originarios. En lo concreto, se ha reducido su presencia en la agenda pública casi a un tema de folclore o de terroristas. La invisibilidad y la reducción a estereotipos, también es una deuda histórica. Pero de esta deuda nadie habla. ¿Cómo hacernos cargo de esto? ¿Cómo seguimos? ¿Seguiremos lamentando muertes?
 
Una propuesta: El dialogo (Nutram) y los parlamentos (Koyangtum)
 
Durante el tiempo de la colonia, más allá de que estaba claro quién era el invasor y quien el que defendía su territorio, las relaciones de las autoridades de la Capitanía de Chile con el pueblo mapuche, no siempre eran de guerra. Hubo momentos también de paz. En efecto, el pueblo mapuche usaba su capacidad de llegar a acuerdos a través del Koyangtun y el nutram. Es decir, parlamentar y conversar respectivamente. En esos momentos las relaciones políticas, sociales e incluso las de carácter militar tendían a ser relativamente simétricas. Cuestión no menos importante, ya que desde una lógica de superioridad es imposible resolver conflictos. Eso lo tenían muy claro las autoridades españolas. El dialogo siempre debe ocurrir entre iguales. E incluso más allá de la inmensa presión ejercida por los encomenderos y militares. Los primeros que usaban a los indígenas como esclavos y los segundos, obsesionados por ganar una guerra que les era adversa y que además les avergonzaba. De esta manera, se realizan 28 Parlamentos entre 1641 y 1803, con la Colonia Española. Entre los Parlamentos más importantes y relevantes se encuentran el parlamento de Quilín en 1641 y en 1647 y posteriormente en Negrete en el año 1726. También el naciente estado chileno implementó estas prácticas con el pueblo mapuche. En efecto, en el año 1823 se realiza el parlamento de Yumbel y en 1825, el parlamento de Tapiwe. Es decir, el pueblo mapuche no sólo pelea contra los imperios Inka y español, en defensa de su territorio, sino que también es capaz de escuchar, de discutir, de dialogar y llegar a acuerdos. Estas características del pueblo y las autoridades mapuches están en su ADN, porque no aprovecharlas?
 
Condiciones para implementar la propuesta
 
Las elite dirigentes, cultural, económica, política y cultural “chilena”, y por supuesto la elite del movimiento indígena y sus intelectuales, deben ser capaces de establecer los términos de referencia del dialogo y los posibles acuerdos. ¿Con quiénes conversar? Con todos los actores involucrados. Con las organizaciones de representación, incluidas la CAM, El Consejo de Todas las Tierras, La Alianza territorial, las organizaciones tradicionales, las identidades territoriales (Pehuenches, Nagches, Lafquenches, Huilliches). Al respecto es importante recordar que el mundo mapuche nunca ha tenido una sola organización que los represente a todos. Y si escarbamos un poco más, nos encontraremos con “capas tectónicas” que nos hablan de clanes y linajes tribales. Por lo tanto cuando decimos que hablar y escuchar a todos, hablamos de ¡todos! Y debe ser la elite política chilena quien debe generar condiciones y garantías para establecer los diálogos. Así como la elite y movimiento social indígena, también llegar con sus propuestas.
 
Para tales efectos, nuestra elite debe entender que el origen de la deuda histórica, no sólo es un tema de tierras; no sólo es un tema de compensaciones; no sólo un tema de pobreza, no solo de cultura aun siéndolo, sino que fundamentalmente se trata de un tema de reconocimiento y aceptación del otro. Como la hacía la Colonia a través de la conversación y dialogo (Nutram) y el acuerdo o parlamento (Koyangtum) de carácter político. Este es el juego o ecuación a resolver.
 
Los desafíos para las elites
 
En primer lugar, la elite dirigencial y particularmente la coalición gobernante debe estar dispuesta a que la tensión autonomía / integración, se cargue sostenidamente hacia el eje de la autonomía. ¿Cuánto?, cuánto sea posible. Mientras tanto, será fundamental, desde ya, trabajar las diferentes propuestas para la inclusión del mundo indígena en la geografía política del país, en todos sus niveles: municipal (alcaldes y concejales), distritales (diputados) y circunscripciones (senadores). Y, de manera paralela, obtener en el Congreso el reconocimiento constitucional para los pueblos originarios, así como aprobar la ley que permanece en el Senado y que permite la creación del Consejo de Pueblos Indígenas de Chile. Lo anterior significa hacerse cargo también desde ya del proceso constituyente que se avecina e incorporar el tema de las cuotas de participantes indígenas, para así llegar, a una nueva constitución donde el tema de los escaños asegurados para el mundo indígena, sea una realidad. Y esto hay que construirlo, como decimos, con todos, con las organizaciones e identidades territoriales y las organizaciones de representación indígenas mapuches.
En segundo lugar, la elite dirigencial indígena mapuche también tiene roles y desafíos que jugar y cumplir. Al igual que la elite dirigencial política, económica y cultural chilena, debe tener también una respuesta para el país y la opinión pública. Si es que su objetivo es lograr la reivindicación política de autonomía territorial, es importante discutir los procedimientos. En este sentido, subyacen dos grandes temas, a lo menos, que el movimiento indígena debe hacerse cargo. En primer lugar, si el fin último, de largo aliento, es sentar a las autoridades del estado y resolver las principales reivindicaciones políticas asociadas a la tensión autonomía-integración, se requerirá de un apoyo significativo y mayoritario de la sociedad chilena. Ya que cuando se desean realizar cambios profundos a nivel de constitución y sistema social, el tema de la táctica no es menor; es importante contar con mayorías lo suficientemente amplias, para poder implementar los cambios incluidas las pertenecientes al “bando” opuesto.
 
Será necesario, por tanto, interlocutar con instituciones como el Congreso, la Corte Suprema, el Ministerio Público, los Partidos políticos, Centros de Estudios, Universidades, Iglesias, Fuerzas Armadas, etc., etc. Algo parecido a los “Koyangtun” o parlamentos realizados históricamente. Lo mismo respecto a la masa crítica para presionar por las transformaciones. Al respecto, sabemos que el pueblo chileno en general, manifestado durante el estallido social del 18/10, incluidas las multitudinarias marchas, las únicas banderas que enarboló, no eran las de los partidos y movimientos políticos, eran las del pueblo mapuche, la chilena y algunas otras referidas a identidades varias. Es decir, al menos en el sentimiento, la causa indígena relacionada con la discriminación y atropello del que han sido objeto por estado y la sociedad mayor, es fuertemente compartida por el pueblo chileno.
 
En segundo lugar, reflexionar acerca de la mejor metodología para alcanzar este fin último o estrategia. En este sentido, la dialéctica violencia-diálogo, ha permitido visibilizar una causa. La pregunta que es necesario responder es si esta lógica, semántica y acciones de violencia son lo suficientemente sólidas para concitar un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Es decir, hablamos y reflexionamos sobre la táctica. Y, al respecto, mi impresión es que esta táctica no alcanza para obtener el fin. Por lo tanto, quizás haya que pasar a otro plano, al del convencimiento, al de la profundización de la democracia, con estrategia y tácticas democráticas. Es decir, al plano de las argumentaciones. De nuevo el Koyangtum y el nutram. Esto, por supuesto no significa detener las movilizaciones. Al contrario, se trata de cambiar el sentido y el método. Jamás renunciar a las convicciones.
 
Conclusión. Las semánticas de la Guerra
 
Sabemos que las significaciones de guerra, copan el espacio comunicacional y dejan prácticamente sin alternativa las posibilidades para la resolución política. Los ganadores (temporales) de estas conceptualizaciones y semánticas de violencia, tal como ha ocurrido producto de la visita del Sr. Ministro a la región, por supuesto pertenecen a los extremos del arco político. Así, entre los discursos de las organizaciones mapuches ya mencionadas, con su dialéctica de violencia -dialogo y las organizaciones que agrupan gremios asociados a actividades agrícolas, comercio, forestales, entre otras, y ahora último la autodenominada Asociación por la paz y la reconciliación en la Araucanía (APRA), que le exigen al gobierno no solo más presencia militar (recordemos que por la pandemia del Covid-19 ya está decretada la “zona de excepción” en la región), sino prácticamente un “estado de sitio”, la factibilidad que se incorporen los ejes políticos en la discusión tiende prácticamente a cero.
 
Y en este escenario, ya sabemos quiénes son los que resultan ganadores: son los que aspiran a llevar el conflicto al terreno de “las ametralladoras”, para reponer el orden y la estabilidad de la “sociedad blanca chilena”, aquellos que consideran terroristas y comunistas cualquier reclamo indígena, que no creen en la multiculturalidad, sino en aplastar al otro y a los otros, reproduciendo juicios racistas, xenófobos y nacionalistas (chauvinistas). ¿No será que ha llegado el momento de dejar atrás la alternativa estéril del todo o nada?. Es cierto, las respuestas violentas a la oprobiosa situación de pobreza real y dramática que viven las comunidades indígenas, particularmente las mapuches, de racismo, de violencia incluso del estado y de sectores de la sociedad, alcanzan, como hemos dicho, para mostrar el tema, pero no para resolverlo. ¿Qué hacer entonces?
 
Claramente, no se trata de la inacción de los complacientes y dejarlo todo tal como está. Todo lo contrario, se trata de no resignar nada, de pedirlo todo, de exigirlo todo, pero con épicas que tengan destino. Que convoquen a las mayorías, que generen adhesión. El Koyangtum y Nutran son el camino. El cambio que se requiere es muy profundo, por lo tanto, los pasos a seguir y la ruta de resolución debe incluir mayorías claras que presionen para obtener un fin último, que no sólo es el reconocimiento constitucional, demanda que por lo demás estaba ya en el año 1988 en el acuerdo de Nueva Imperial, sino que necesariamente debe incorporar elementos de autonomía y de derechos colectivos. Así como también avanzar en la creación del Consejo para los pueblos Indígenas. Pero para que ello ocurra, hay que luchar en el terreno en que se puede ganar. No en el terreno de las metrallas, ni de los cañones, sino en el de la razón y de los argumentos. Estos son los instrumentos de la democracia.