La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada exFrente Amplio Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco.
El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica, grupo asesor de Catalina Pérez y que incluye a Andrade, expareja de la diputada.
La investigación se enmarca en el caso Democracia Viva, en medio de los convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta.
En el documento pidieron una multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.
Además de “inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”.
Actualmente no puede ejercer su rol de diputada pues está siendo investigada por un caso de mal uso de fondos públicos en una arista de los "Casos Fundaciones" y la Corte Suprema determino su desafuero.
Catalina Pérez fue elegida en 2019 presidenta de Revolución Demócratica, partido integrante del Frente Amplio.
Desde noviembre del 2022 ocupó el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, cuya participación tuvo que suspender al verse involucrada a temas de mal uso de recursos fiscales en Antofagasta donde su exjefe de Gabinete asignó recursos millonarios a una Fundación dirigida por su pareja Daniel Andrade, para un programa de asentamientos urbanos en zonas vulnerables o campamentos.
En mayo de 2025, Pérez fue puesta en arresto domiciliario total y se le ordenó arraigo nacional en contexto del caso Democracia Viva por delitos de fraude al fisco mientras dure la investigación.
