La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobó este miércoles por 11 votos a favor y 1 en contra el polémico proyecto Dominga, pertenciente a Andes Iron, empresa controlada por la familia del amigo del presidente Piñera, Carlos "choclo" Délano, iniciativa que considera la construcción de una mina de hierro en la comuna de La Higuera.

Carlos Délano, un exmilitante UDI, es el dueño de Penta, y estuvo detenido por financiamiento corrupto de la política, donde entregó millonarios recursos a dirigentes y militantes de la UDI y algunos de RN. En una pena irrisoria, también fue condenado a "clases de ética" junto a su compinche, Carlos Lavín.

La decisión se da luego que en abril de este año el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogiera de forma unánime la reclamación en favor del proyecto y resolviera que la Comisión debía realizar una nueva votación, esta vez ajustada a derecho, respecto del Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa.

La Comisión es presidida por el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Pablo Herman y está integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Planificación, además de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental.

El proyecto minero, que contempla una inversión de US$2.500 millones, fue presentado a evaluación ambiental en 2013 y tras un largo proceso, fue rechazado por la Coeva de Coquimbo en marzo de 2017, en una ajustada decisión que solo se destrabó con el voto dirimente del entonces intendente de la región, Claudio Ibáñez, luego que la votación concluyera empatada seis a seis.

Ello motivó al titular del proyecto a recurrir al Comité de Ministros, que lideraba el entonces ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. La citación también fue polémica, pues se convocó a los ministros un viernes a última hora y la reunión se realizó el lunes temprano, por lo que algunos integrantes señalaron que no había tiempo suficiente para leer todo el expediente del caso.

La situación incluso provocó un quiebre en el gabinete de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que solo finalizó cuando el ministro de Hacienda ese momento, Rodrigo Valdés, abandonó su cargo, al igual que el ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

Tras ello en diciembre de ese año la empresa acudió al entonces recientemente conformado Primer Tribunal Ambiental, que en abril del año siguiente acogió la reclamación. Posteriormente, en mayo del mismo año, el caso escaló a la Corte Suprema, que declaró nula la sentencia, ordenando al Tribunal Ambiental a pronunciarse sobre el fondo del caso.