A siete años de la sentencia de la Corte Suprema que puso fin al Caso Riggs, en que se persiguieron delitos de malversación de caudales público por parte del dictador Augusto Pinochet, el Séptimo Juzgado de Civil de Santiago dictaminó que más de 16 millones de dólares deben ser restituidos por parte de los herederos del exgobernante de facto. Todos provienen de fondos públicos malversados por el dictador.

Esto gracias a una demanda ingresada por el Consejo de Defensa del Estado y que fue acogido por el tribunal.

En su resolución de 52 páginas, el tribunal estableció que, aunque no fue posible condenar penalmente a Pinochet por su fallecimiento, quedó acreditado que incurrió en apropiación indebida de recursos públicos, con ingresos sin justificación por al menos US$ 17,8 millones. Dichos fondos provenían de gastos reservados asignados a la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército.

En listado también se incluye a Lucía Hiriart, fallecida esposa del excomandante en jefe del Ejército, y a otras 15 personas que son parte de su descendencia.

Eso sí, se trata de un fallo de primera instancia, el cual puede ser impugnado en instancias superiores.

En la resolución, el 7° Juzgado Civil de Santiago señala que "pese a que no fue posible hacer efectiva la responsabilidad penal del Sr. Pinochet Ugarte por su fallecimiento, se encuentra acreditado que este incurrió en conductas que importaron la sustracción de caudales públicos, estimándose que sus ingresos sin justificación ascendieron al menos a US$ 17.886.323, cuyo origen se encuentra en los fondos de gastos reservados".