Los nueve presidentes de todos los partidos de oposición -a excepción de la Democracia Cristiana– expresaron su rechazo al proyecto de ley que reforma a Fonasa que presentó el presidente Piñera.

Los firmantes rechazan, en primer término, la “agenda privatizadora en salud del gobierno”. Al respecto, aseguran que “el gobierno presenta una propuesta de reforma que va en contra de lo levantado con el movimiento social. Detrás del nombre ‘Plan Universal de Salud’ hay intencionalidad de profundizar las lógicas del Estado Subsidiario y una defensa irrestricta al mercado en la salud. Este proyecto cuida el negocio de las isapres y busca entregar nuevos clientes a las clínicas privadas, horadando la obligación por ley que tiene Fonasa de utilizar y financiar a la red pública. Las consecuencias de este ‘Plan’, implicaría perpetuar la segmentación por ingresos en el sistema de salud, acelerar el desmantelamiento de la red pública de salud, fortalecer el mercado y empeorar los beneficios que actualmente tienen los afiliados de Fonasa, dado que este será un ‘Plan’ mínimo, alejándonos de una cobertura universal de salud.

También piden que la salud sea considerada como derecho constitucional. “En el proceso constituyente que se aproxima, debemos establecer que todas las personas tienen el derecho de vivir con condiciones de calidad de vida y ambientales que propicien la salud y un sistema público que la resguarde, garantizando la promoción de la salud y el acceso al cuidado preventivo, curativo, y de rehabilitación accediendo según necesidad, sin importar la capacidad de pago. Que siendo un sistema universal, éste debe resguardar y respetar los derechos de la diversidad cultural, sexual, o de las necesidades especiales de cualquier otro grupo, asegurando una participación social directa en su gobernanza en todos los niveles. Como Partidos nos comprometemos a facilitar e impulsar la participación del mundo social en el proceso constitucional que se avecina, así como los contenidos que se busquen introducir por el mundo social en materia del derecho a la salud”.

En este sentido, “propondremos un proyecto de ley para reunir aportes fiscales y cotizaciones obligatorias en un fondo único solidario, que avance en alcanzar al menos 6% del PIB de inversión pública en el corto plazo (8% en mediano plazo); con un administrador único público, que asegure cobertura universal y acceso oportuno a redes públicas organizadas, de calidad, integradas y basadas en la Atención Primaria (esto se podrá llamar fondo único o seguro nacional de salud). Así también, asegurando acceso a medicamentos a muy bajo costo y gratuitos en los puntos de atención. Con esto, las isapres dejarán de administrar y lucrar con los fondos de la seguridad social, transformándose en seguros complementarios regulados, financiados sólo con aportes voluntarios de personas que buscan otras condiciones de hotelería o prestaciones de menor relevancia sanitaria. Se asegurará una transición justa para actuales afiliados a isapre”.

Mediante un trabajo con organizaciones sociales, afirman, “se requiere reformar la atención primaria para que esté a cargo de un territorio, de toda la población que lo habita y de las condiciones de vida. Se deben reformular sus responsabilidades para realizar acciones integrales, individuales y comunitarias, que previenen y resuelven lo urgente, lo más frecuente y lo más grave (desde riesgos medioambientales, sociales y laborales hasta consecuencias como la obesidad, cardiovascular, cáncer, salud mental, abuso de drogas, discapacidad, salud bucal, dolor crónico, y otras prioridades) de la infancia hasta los adultos mayores. Así también, lograr una estrecha coordinación con hospitales y otros sectores, como educación, deporte, vivienda y trabajo, garantizando una participación efectiva de las comunidades, asegurando un financiamiento al primer nivel de atención que sea de al menos un tercio del financiamiento global ($10.000 per cápita basal en 2020)”.

“Se requieren también reformas urgentes para aumentar, retener y estimular al personal sanitario público, mejorando la formación, condiciones de trabajo y desarrollo para satisfacer las necesidades de la población; además de planes de inversión y gestión destinados a resolver en corto plazo las largas listas de espera. Esta y otras medidas permitirán eliminar los negocios de la salud pública, evitando ineficiencias y confundir el interés del paciente con el interés del lucro”, aseguran.

“Estas reformas, que esperamos construir en conjunto con las organizaciones sociales de la salud, serán parte de una transformación mayor del Estado en medio de este proceso constituyente para otorgar dignidad, mejorar la calidad de vida, terminar con la odiosa separación de sub-sistemas para chilenos de primera y segunda clase, y fomentar el desarrollo pleno de todas las personas, familias y comunidades”, cierra la nota.