La Presidenta Michelle Bachelet designó al general de División Ricardo Martínez Menanteau como nuevo comandante en jefe del Ejército, quien el 9 de marzo reemplazará en su cargo al general Humberto Oviedo.

 

Respecto a su curriculum, Martínez Menanteau tiene 57 años, ingresó a la Escuela Militar en 1976 y se graduó de alférez en el Arma de Infantería en 1980. Posee la especialidad primaria de oficial de Estado Mayor y, secundarias, de Comandos y Paracaidista.

 

Sin embargo, hubo un elemento que llamó la atención, mucho más que su designación y que su carrera en las Fuerzas Armadas: el año 2016, Ricardo Martínez firmó un sumario en el que se acredita la quema de archivos de la Central Nacional de Información (CNI).

 

Entre los documentos siniestrados está una carpeta relativa al Presidente Eduardo Frei Montalva. La información fue publicada por radio ADN, donde además se añade que “resultaría imposible de aplicar” sanciones administrativas pues los hechos están prescritos.

 

 

Para algunos, esta designación no iría en la senda que las organizaciones de derechos humanos reclaman, mucho menos la de los abogados, porque podría entenderse como una ratificación de los pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas.

 

Desde el gobierno, la vocera, Paula Narváez, defendió la designación, explicando que “el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez, lo que hizo fue concluir en ese sumario y repudiar éticamente el que no se haya seguido el debido resguardo de esa documentación tan fundamental”, aseveró la secretaria de Estado.

 

“Hay aquí en esto, por cierto, también un reproche de carácter administrativo, que es la instancia en que estaba operando esta investigación. Señalar también que todos esos antecedentes han sido puestos a disposición de los Tribunales de Justicia”, aseguró Narváez.

 

 

Para el abogado de la familia Frei, Nelson Caucoto, esta situación “debe investigarse penalmente”.

 

“Tratar de buscar una manera de que judicialmente haya una investigación seria y profunda acerca de quiénes son los responsables de que se destruyera información valiosa en este caso y que ello redunde, precisamente, en obstruir las investigaciones criminales, encubrir las acciones criminales”, afirmó.

 

El abogado hizo hincapié en que “esto va mucho más allá que una simple irregularidad de carácter administrativo que pudieran quedar sobreseída”, atestiguó el abogado.

 

Para el abogado Luis Toro esta situación puede llegar a ser en extremo complicada, por tanto “de ser todo cierto, el general Ricardo Martínez debería dar un paso al costado de esta nominación”, comentó el abogado.

 

“Se debe llevar a cabo una investigación profunda y seria, pero debemos esperar por los hechos y los antecedentes. Nos encontramos en un momento embrionario, pero de ser ciertos podrían llegar a ser una limitante muy grande”, reflexiona el abogado.

 

Consultado sobre las complejidades de designar un comandante en jefe cuyo pasado no se encuentre relacionado con eventos ligados a la dictadura, Toro comentó que “se trata de un par de generaciones que estuvieron relacionadas con la dictadura, pero de seguro no todos estuvieron involucrados en materia de delitos de lesa humanidad o de solo complicidad. Me parece que el o los abogados de la familia Frei deberían considerar con seriedad su citación para declarar”, finalizó.