El comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, dijo haberse enterado “por la prensa” de que la Dirección de Inteligencia (DINE) intervino los teléfonos de cuatro militares que denunciaron actos de corrupción institucional, además del dispositivo del periodista Mauricio Weibel.

La notificación de la versión entregada por el uniformado es parte de un artículo que publica este jueves BioBío y alude a una declaración que prestó el 8 de julio último, durante casi cuatro horas ante el fiscal Centro Norte Jaime Retamal, quien sustancia una indagatoria por intervención ilegal de comunicaciones.

A Martínez lo citó Retamal, con la intención de establecer si el entonces jefe la DINE, Schafik Nazal, actuó dentro de la legalidad para solicitar que las comunicaciones de militares y Weibel fueran pinchadas en 2017, en el marco de la llamada “Operación Topógrafo”

De acuerdo al testimonio entregado por el jefe institucional, junto con la prensa, tuvo conocimiento de que Nazal pidió la diligencia intrusiva al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, cuando se revisaron los antecedentes para la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, en agosto del año 2019.

“Cuando se produjo esta situación, requerí toda la información respecto de la operación. Yo no tuve conocimiento que se llamase de esa manera (Operación Topógrafo), no tiene un nombre particular a menos que se lo coloque la propia dirección. Para mí era un investigación del DINE, la cual debía clarificar, para luego presentar los antecedentes a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados”, aseguró en calidad de testigo.

Posteriormente, Retamal, le consultó a qué tipo de antecedentes accedió, frente a lo cual desestimó estar facultado para entregar detalles. “No puedo entregar esa información por la Ley de Inteligencia, pero sí puedo indicar que la Comisión Especial tomó conocimiento de los documentos y de las explicaciones entregadas por los encargados. Yo llegué a la convicción que se había actuado de manera correcta y no se había engañado al ministro de la Corte”, dijo.

Y a renglón seguido, argumentó que asumió la comandancia en jefe de la entidad en 2018 y que hechos anteriores no se le informaron, bajo el principio de compartimentaje. Y apuntó a que previo a llegar a la testera del Ejército, estuvo a cargo del Estado Mayor Comando Conjunto, por lo que no tenía injerencia en las actividades desde la DINE.

De acuerdo a la carpeta de investigación, se estableció que las solicitudes al ministro Poblete se efectuaron con nombres distintos a los “intervenidos”, entre ellos el de ciudadanas bolivianas avecindadas en nuestro país.

En cuanto a lo que hasta ahora se sabe, consta que fue el propio magistrado el que aceptó la solicitud, como una manera de evitar la filtración de la verdaderas identidades cuando la compañía telefónica tramitara el oficio respectivo.

La de 2019, en tanto, no fue la única comisión implementada en la instancia parlamentaria. En marzo último, de hecho, Ciper Chile reveló las actuaciones judiciales de Poblete, mientras que los diputados volvieron a reunirse. En esa oportunidad, el Ejército entregó las mismas explicaciones, aseguró Martínez mientras el jueza dijo no haber sido engañado por los militares.

Incluso en la indagatoria existe un acta de la comisión, donde el diputado Raúl Urrutia (UDI) fue mandatado para entregar una versión acerca de lo resuelto.

“Aquí ha quedado claramente establecido que la petición del Ejército se hizo apegada a la Ley de Inteligencia y nunca se engañó al ministro de la Corte”, dijo el parlamentario públicamente.

Adicionalmente, el fiscal Retamal inquirió a Martínez, respecto de las razones que motivaron la solicitud de las interceptaciones en 2017 y no entre 2015 y 2016, cuando Weibel reveló documentos secretos sobre millonarias compras de armas del Ejército.

“No tengo información, hay que preguntárselo a la DINE de la época”, fue su respuesta.

“Tengo que consignar que el Ejército de Chile es respetuoso de las actividades que realizan los periodistas en su actividad profesional. Debido a la tarea normal que hacen los periodistas en investigar las diferentes áreas, incluyendo defensa, ellos son objeto de (los) servicios de inteligencia extranjera, porque ellos realizan investigaciones de manera habitual, por lo cual no levantan sospechas”, argumentó.

Y finalmente dijo que “el Ejército no tiene capacidad tecnológica y humana para efectuar interceptaciones telefónicas sin la autorización del ministro de Corte de Apelaciones”.