La Contraloría General de la República ratificó la responsabilidad administrativa de la ex alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) en siete cargos vinculados a la millonaria compra de terrenos en Las Condes, el cual sería destinado para recibir un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

En su informe, el organismo liderado por Dorothy Pérez confirmó la denuncia realizada por una serie de concejales, encabezados por Caralina Ugarte (PR), los que acusaron graves faltas a la probidad en la operación, como la omisión de información, adulteración de actas del concejo municipal o el sobrepago de una de las propiedades involucradas.

Según precisó La Tercera, Contraloría dio “por acreditada la responsabilidad administrativa de doña Daniela Alejandra Peñaloza Ramos” en los siete cargos que se le formularon como alcaldesa de Las Condes “y, por ende, encargada de su dirección, administración superior, y supervigilancia del funcionamiento de esa entidad edilicia”.

Junto con ello, se decretó la destitución del ex director de Control de la municipalidad, Eduardo López Arriagada.

Las pruebas de Contraloría contra Daniela Peñaloza

Según Contraloría, el concejo municipal de Las Condes aprobó comprar una serie de lotes por 5.315 metros cuadrados por 53.956 UF, pero a los concejales no se les mostró “en un principio la individualización de los inmuebles en análisis, sino que se limitó a señalar el paño con el metraje que era requerido para dicho proyecto, y hasta el monto total en UTM a invertir en estas compraventas, sin individualización de lotes”.

La compra de los terrenos se realizó a través de las empresas FG Oriente II Spa y Vulcon Asset Managment Spa por trato directo, obviando una serie de mecanismos, como “la propuesta pública previa a la celebración del contrato respectivo, licitación privada, previa resolución fundada que así lo disponga y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación así lo requiera, no constando en el proceso de la especie algún acto administrativo emanado de la Municipalidad de Las Condes tendiente al cumplimiento de este requisito”, contraviniendo especialmente el principio de probidad.

A esto se suma la omisión de realizar las tasaciones de los inmuebles involucrados “por profesionales especializados en la materia o por entidades financieras para determinar su justo precio y para procurar así no afectar el patrimonio municipal, vulnerando con este proceder la jurisprudencia de esta entidad de control”.

Además, Contraloría detectó el sobreprecio pagado por una propiedad ubicada en calle Nueva Delhi por $850 millones, en circunstancias que el contrato de promesa de cesión apuntaba a $514 millones.