La noticia pilló por sorpresa a los congresistas y analistas políticos en el cierre de la temporada 2017: las bancadas de senadores de la UDI y la Democracia Cristiana cometieron irregularidades en el uso de los recursos que son destinados a asesorías externas, pero no fueron sancionados por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, que sesionó el pasado martes.

 

En concreto, el Comité de Auditoría Parlamentaria detectó que las senadoras gremialistas Jacqueline van Rysselberghe y Ena von Baer contrataron a la empresa Lama y Asociados Limitada para efectuar labores de asesoría comunicacional, legislativa y políticas públicas al comité del partido por $1.870.000, cuando en rigor los beneficiarios de tal asesoría fueron candidatos para la elección municipal de 2016 de la octava región, autoridades electas, información oficial del Servel y medios sin fuentes, señala la noticia que dio a conocer T13.

 

 

“Son copia, en algunos casos íntegra y en otros parcial, de los presentados por la Consultora Biobío Sur Ltda., contratada por la Corporación el 7 de marzo de 2013 como asesora externa del senador Víctor Pérez Varela, miembro de ese mismo Comité”, indica el informe del Comité de Auditoría Parlamentaria, instancia que determinó que el representante legal en ambos casos es Hernán Manuel Lama Benavides, por lo que el informe fue pagado dos veces.

 

Respecto al comité falangista, se contrató por un trabajo por horas a Hugo Ilabaca Morales, pero no existió después una rendición de esa labor. Lo curioso es que se canceló una suma fija mensual de $6.742.534, lo que de acuerdo al Comité de Auditoría Parlamentaria “evidencia una diferencia pagada en exceso” y con “reportes que dan cuenta de diferentes cargas de trabajo”.

 

 

Desde la comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, uno de sus integrantes, el senador de RN José García Ruminot, declaró a Cambio21 que “efectivamente el Comité de Auditoría Parlamentaria nos envió un par de situaciones referentes a contratos de asesorías externas”.

 

 

“Nosotros escuchamos a los involucrados. Recuerdo el caso de la bancada de la DC y nos formamos la convicción de que los trabajos están hechos, los informes existen y no hubo faltas a la ética. Lo que se produjo ahí es que el Comité de Auditoría pidió más antecedentes y los remitió, pero no llegaron de vuelta porque los mandaron a un correo electrónico equivocado”, explicó.

 

“Por suerte, el senador Ignacio Walker (DC) -otro integrante de la comisión- había mandado esos mismos antecedentes con copia a la Fiscalía del Senado. Entonces fue fácil demostrar que ellos habían efectivamente cumplido en tiempo y en forma los que el Comité de Auditoría les había observado. Por eso nosotros levantamos esa observación y decidimos no sancionar”, agregó.

 

García añadió que “en los otros casos (senadoras UDI) también logramos formarnos la convicción de que los trabajos estaban y que los informes existían. Lo que pasa es que efectivamente  reconocemos que falta normativa y que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias va a tener que ser bastante más preciso todavía respecto a la normativa de las asesorías externas. Y sabemos que así lo hará antes del 11 de marzo”.

 

 

“No es fácil facultar el mecanismo de control cuando se le da la facultad a los legisladores para que tengan la libertad de contratar a las personas que estimen conveniente”, sostiene el senador del PPD Eugenio Tuma.

 

“Además, es complejo cuando se burla el sistema con asesorías que no existen. La fiscalización la hace el Comité de Auditoría, pero no actúa de la misma forma que en el servicio público, donde se tiene que llamar a licitación para poder contratar a alguien. En el Congreso no pasa eso. La idea es que el parlamentario pueda decidir a quién contrata y para qué”, afirmó a este medio.

 

“Acá no hay Chile Compra, no es necesario”, remarcó.