El Juzgado de Garantía de La Serena realizó la primera jornada de formalización del caso “Papaya Gate”, a cinco años de que estallara el escándalo por la compra irregular de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo.

Los terrenos - que querían ser destinados para un centro deportivo - estaban sobrevalorados y se compraron sin considerar otras alternativas, generando un perjuicio fiscal millonario.

La operación, que superó los $9.800 millones, pese a que el valor real no superaba los $4 mil millones, fue impulsada la entonces intendenta Lucía Pinto, durante el segundo gobierno de Sebastián Pïñera, a pesar de haber sido rechazada por la Contraloría General de la República (CGR).

De hecho, la Contraloría bloqueó cuatro contratos, pero Pinto realizó uno nuevo que ingresó a una notaría, saltándose la revisión de la CGR. Ese acto fue considerado como “irracional” por la Fiscalía.

Como parte de la formalización, la fiscal Claudia Perivancich imputó a Lucía Pinto, a su exadministrador regional José Cáceres y al gerente de la inmobiliaria Guayacán, Pablo Bracchitta, por fraude al fisco.

Cáceres enfrenta además el cargo de negociación incompatible, pues tenía vínculos comerciales con los vendedores de los terrenos desde el año 2016. Se acusa que la exintendenta Pinto lo sabía.

En tanto, empresarios como Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire son investigados por delitos tributarios.

En todo ese escenario, la Fiscalía también acusó que el precio de los terrenos fue inflado artificialmente a través de la creación de sociedades y maniobras contables. De acuerdo a El Día, ese proceso comenzó en 2014 y los empresarios fueron asesorados por Luis Iver, quien fue acusado de cómplice.

La Fiscalía pide arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los acusados de fraude al fisco, mientras que se solicitó firma mensual y arraigo nacional para los empresarios.

Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado pide prisión preventiva para todos.