El 7 de enero recién pasado, 850 detectives ingresaron a la comunidad Temucuicui en busca de cuatro mil plantas de marihuana. La PDI ejecutó una orden de entrada y registro, autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, sin embargo, el operativo terminó mal: se confiscó solo una parte de la droga, más de 11 personas resultaron prófugas y murió un detective. Además, un hecho externo empañó aún más la diligencia.

En paralelo al operativo, la PDI se vio envuelta en un caso que preocupa en el gobierno y en la policía: el control a la hija de siete años (en realidad de seis años, porque el día posterior cumpía siete) del comunero Camilo Catrillanca, que fue asesinado por carabineros, en medio de una protesta en Ercilla, en las afueras del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. La foto (abajo) de un funcionario policial sosteniendo duramente con una rodilla en la espalda a la menor en el suelo dio la vuelta al mundo y fue duramente cuestionada por los organismos de derechos humanos (DD.HH.). La niña era afirmada por el polícia mientras su abuela y su madre, sufrían el mismo rigor de los policías deteniéndolas violentamente en el suelo, como se ven en esta cruda imágen, donde la viuda de Catrillanca está a los pies de la niña y observa como es detenida en el suelo.

El 9 de febrero la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), concluyendo que “el personal de la Policía de Investigaciones de Chile que procedió a la detención de la menor sindicada actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima y, aun sin ella, vulneró los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, con infracción de la Constitución Política de la República y de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Y el caso también también abrió una arista con sede penal, que es lo que tiene pendientes al gobierno y la PDI, según distintas fuentes consultadas. La Fiscalía Regional de La Araucanía indaga a los funcionarios policiales involucrados en el procedimiento con la menor, a través de distintas grabaciones donde se evidencia cómo actuaron los detectives.

El Ministerio Público investiga el presunto delito de apremios ilegítimos, donde están a la espera de distintos peritajes para avanzar en la formalización de los policías involucrados.

El caso es indagado por el fiscal Carlos Cornejo, en compañía de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, quienes están estudiando el catastro de los policías que estuvieron en el lugar el día de los hechos, y, especialmente, de quienes participaron en el control de la menor.

Delitos: apremio ilegítimo y  detención ilegal


El fiscal Cornejo sostuvo que “estamos investigando dos delitos que podrían haberse consumado: uno es apremio ilegítimo y otro es la detención ilegal. Estamos recabando los antecedentes, junto a la Brigada de DD.HH. de la PDI, donde estamos a la espera de información como cámaras que portaban los funcionarios investigados y la toma de declaración a algunos testigos”.

El persecutor agregó un dato no menor: “El caso más conocido es el de esta menor, pero también estamos investigando lo ocurrido con otras menores que habrían sido objeto de un control policial similar ese día. Estamos recabando esa información y más para establecer la identidad de los funcionarios que participaron del operativo”.

Es esto, justamente, lo que urge en el Ejecutivo: nuevamente un caso de violencia que involucre a las policías podría activar nuevas manifestaciones en el sur y poner en jaque, otra vez, al orden público. El gobierno apunta al reciente caso del carabinero que disparó a un malabarista, el 5 de febrero, en el centro de Panguipulli, cuyos coletazos recién están decantando El hecho generó distintos focos de violencia, incluidos desmanes en la Región Metropolitana. Además, en La Moneda ya han analizado que cada vez que ocurre un proceso penal de envergadura en la zona, se suceden altercados en parte de la Macrozona Sur (donde están las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos).