Entre la academia -hace clases y es directivo de la Universidad Mayor- y la política se desvive el filósofo, sociólogo y ex Presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal. Y está preocupado por lo que viene en abril con la votación para una Nueva Constitución

 

Hay que asumir que Chile no volverá a ser el mismo de antes del 18 de Octubre. En medio de un profundo clima de desconfianza hacia todas las instituciones, la ciudadanía descubrió que a través de su movilización, gestada sin la mediación de los partidos ni orgánicas sociales, sino esencialmente a través de la redes sociales, logra hacerse escuchar y determinar agendas del gobierno y del Parlamento. Esto no tiene vuelta atrás porque habrá una amenaza latente de volver a la calle si los políticos no cumplen con las promesas contraídas y, por tanto, cuando se habla de defender el Estado de Derecho y la democracia, hay que pensar este proceso con otro Estado de Derecho - que debe emerger de la Nueva Constitución dotada de la legitimidad que una Convención Constituyente y dos plebiscitos le otorgan al proceso – y con un tipo de democracia que junto a ser representativa sea deliberativa, participativa y descentralizada a través de instrumentos institucionales que deberán consagrarse en la Nueva Constitución.

 

Se agotó un modelo, que permeó toda la transición chilena, de democracia sin ciudadanía, de política sin participación y donde ello  mantenía equilibrios y era un factor de la gobernabilidad. El absolutismo de las elites – que es un factor determinante de la crisis social que vivimos - ha terminado en una profunda separación y desconexión con la sociedad – “no los vimos venir “, el “país oasis” - , en la corrupción de las instituciones otrora prestigiosas y en un sistema político autorreferente y arrogante que ya no es más sostenible.

Después de más de tres meses de movilización social los logros obtenidos son reducidos frente al nivel de las demandas y a la exigencia de cambios estructurales que el país requiere y el país debe continuar presionando por una profunda reforma estructural al sistema previsional, por el aumento de las remuneraciones – que es un tema central ya que la economía de mercado chilena es cara y abusiva - , por una reforma de fondo a las ISAPRES y al sistema de salud y otras reivindicaciones sociales que el país demanda , que no se han enfrentado y que ha llegado la hora de un gran acuerdo nacional para llevarlas adelante sin letra chica y sin gatopardismos.

 

Sin embargo, la movilización ha logrado abrir el camino para que por primera vez en la historia de Chile los ciudadanos y ciudadanas del país puedan sean parte de la elaboración de la una nueva Constitución. El plebiscito del 26 de abril, la posibilidad cierta, y que creo ampliamente mayoritaria, de una Convención Constituyente elegida en un 100%  y un plebiscito que debe pronunciarse sobre el contenido de lo acordado por la Convención, es un logro que permite repensar el país en el siglo XXI, terminar con una Constitución que divide a los chilenos, por la ilegitimidad de su origen y por muchos de sus contenidos, y construir como se ha llamado “una casa común para todos” en la diversidad política y cultural legítima que una democracia debe garantizar.

 

El principal deber de todo demócrata de izquierda, de centro, de derecha e independientes, es crear las condiciones de paz democrática – que es distinta al intento de paz impuesta por la represión - para que una amplísima mayoría de chilenos participe en el plebiscito, asegurar un gran triunfo de Apruebo y que la Convención y los representantes elegidos por el pueblo puedan trabajar con total soberanía en la redacción del nuevo texto constitucional que será, además, sometido a un plebiscito de salida.

 

Tengo la convicción de que en el parlamento se encontrará un acuerdo. Son  temas civilizacionales y ello es parte de la legitimidad que debe dársele al órgano que elabora la constitución. Por lo demás será la exigencia de cientos de miles de mujeres que seguramente se volcarán a las calles el 8 de Marzo próximo y no veo como un partido político podrá ser indiferente a este reclamo. Tendremos Convención Constituyente con paridad de género y presencia de los pueblos originarios y ello se transformará en un  hito nacional e internacionalmente.

 

Creo, en primer lugar, que la derecha pierde una enorme y única oportunidad de separarse definitivamente de Pinochet y del autoritarismo. No logran, por razones ideológicas que no los hace estar plenamente en democracia y compartir sus valores, lo que sí logró la derecha española que con Adolfo Suarez y Aznar, se separaron del franquismo, firmaron el Pacto de Moncloa – que también suscribió el Partido Comunista de Carrillo – y construyeron un Partido Popular que ha gobernado varias veces España.

 

Yo valoro enormemente que sectores de RN, EVOPOLI e incluso algunos parlamentarios y alcaldes de la UDI, se manifiesten a favor del Apruebo y para el país y para el futuro de la propia derecha, en tanto alternativa democrática, espero que esos sectores se amplíen y contribuyan a dar a Chile una Constitución democrática.

 

La derecha, consciente que enarbolando la Constitución impuesta por Pinochet no pueden ganar y que solo podrían obtener un resultado menor que su votación tradicional, esconden el que la opción Rechazo es mantener la Constitución impuesta por la dictadura y buscan presentarlo como la alternativa del orden, de las reformas, a las cuales por decenios se han negado, y a esta estrategia de marketing, el miedo, que será el centro de su campaña, les ayuda la violencia programada que sectores de una minoritaria ultraizquierda impulsa de manera paralela o utilizando las grandes movilizaciones sociales. La violencia, como las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la población, son manifestaciones autoritarias que hay que condenar sin atisbos y aplicar, en ambos casos, el rigor de la ley para castigar a sus responsables.

 

Sociológicamente la violencia en Chile, en Hong-Kong, en Francia, es decir en las grandes revueltas de estos meses, es consustancial a las protestas sociales porque hay un sector que participa de ellas que está excluido completamente del sistema y en el cual la rabia contra el sistema, lo lleva a pensar que no tiene nada que perder al enfrentarse con la policía e incluso a ser víctima, como ha ocurrido, de la represión.

 

Este es un tema que nadie puede soslayar porque hay una enorme responsabilidad de la derecha ya que la exclusión dura viene desde el neoliberalismo impuesto por la dictadura de la cual fueron parte  y de la negativa a los cambios estructurales que se han planteado por decenios, pero también hay responsabilidad nuestra, de la centroizquierda que ha gobernado el país y que no ha tenido una política de integración social hacia aquellos que han quedado fuera del sistema de mercado. Es una violencia anti sistémica que tiene causas y características conocidas en los estudios sociológicos y que debe ser analizada y abordada como un fenómeno social mucho más que policial.

 

Junto a ello está la violencia del saqueo, del robo, de la delincuencia organizada, soldados narcos, que en Chile como en el mundo operan a destajo aprovechándose del caos y de la falta de vigilancia policial.

Pero hay, también, una violencia ideológica para la cual es admisible incendiar iglesias, destruir el metro, impedir a través del matonaje que 300 mil estudiantes rindan su PSU. Son grupos que se constituyen por y para la violencia con una idea de atacar al sistema o de promover un clima insurreccional.

 

La llamada Primera Línea no es originaria de Chile. Esta nominación nace con las Brigadas Rojas y el terrorismo italiano. Es utilizada por grupos subversivos en Colombia donde incluso hace pocos días la policía ha arrebatado a dirigentes de estas orgánicas un competo Manual de la Primera Línea que indica cómo organizarse, como actuar frente a la policía y como insertarse y lograr reconocimientos en las movilizaciones sociales. Por tanto esta Primera Línea no tiene nada de original, nada de heroico – más allá de la subjetividad de la solidaridad que en muchos de ellos existe seguramente - e imita desgraciadamente, sin serlo, a grupos que si ha estado o están en el terrorismo.

 

El PC no es parte directamente del ejercicio de la violencia y del matonaje, salvo por su connivencia, por sus contradicciones: un día Teillier afirma que están contra saqueadores e incendiarios y al día siguiente algunos de sus diputados y diputadas afirman en twitter que la violencia se justifica empatándola con las graves violaciones a los derechos humanos.

 

El PC vive el síndrome de haber sido sobrepasados por la explosición social, como todos los demás partidos, pero no lo acepta y busca, sin resultados positivos, a través de la connivencia, lograr apoyos en grupos izquierdistas por temor a ser sobrepasados por la izquierda. Con ello, renuncia a interpretar a la mayoría social que se moviliza pacíficamente. Si vemos la encuesta CEP, realizada en momentos álgidos de las protestas sociales, los dos dirigentes comunistas que aparecen en la nómina de los evaluados, Camila Vallejos y  Guillermo Teiller, tienen el mayor rechazo y escaso apoyo.

 

El PC , que como todos los demócratas, luchó por una nueva Constitución y fue un apoyo clave a la idea de la Asamblea Constituyente que impulsó Bachelet, se queda fuera, por decisión propia, del acuerdo, que es histórico e impuesto por las movilizaciones sociales, para concretar una Convención Constituyente elegida democráticamente con dos plebiscitos de consulta ciudadana, vota en contra de él en la Cámara de Diputados, y pese a que Teiller declara que su partido apoyará la opción Apruebo en el plebiscito cada día aparecen declaraciones de algunos de sus diputados cuestionando el plebiscito, apartándose de él e incluso una diputada comunista declara hace pocos días que “la solución de cúpulas de realizar el plebiscito fracasó”.

 

El PC ha impulsado, sin razonar mucho políticamente respecto de la viabilidad y de sus consecuencias institucionales, en sacar a Piñera del gobierno viendo con ello de empatizar con la ciudadanía y creyendo que el 6% de apoyo que el Presidente tiene en las encuestas significa de por sí que la población desea una ruptura institucional de esa magnitud. Ahora, como partido, impulsan la exigencia de elecciones anticipadas de Presidente y del Parlamento, lo cual implicaría, en la práctica, anular el proceso constituyente. Colocan su esfuerzo en otro objetivo no lograble para mantener distancia del proceso constituyente que se dará y ganará, sin embargo, con el PC o sin el PC.

 

Mi sensación es que el PC siente como una derrota, sin serlo, el que se haya abierto la posibilidad de consultar al país sobre la Constitución y que se genere un proceso para crear democráticamente una nueva Constitución. No estuvieron en el Acuerdo, no confiaron en la fuerza impositiva de las movilizaciones sociales y hoy les resulta complejo sentirse parte de esta conquista.

 

Por cierto las causas de esta explosión social trascienden a este gobierno y dicen relación con promesas incumplidas, demandas no atendidas, injusticias y abusos, bajas remuneraciones, pensiones miserables, exclusión y marginalidad de un sector de la población, crecimiento económico con profunda desigualdad en la distribución del ingreso, endeudamiento del 75% de la población, y como este ha sido el patrón de la movilidad social cuando la economía crece menos y se rompe la cadena de la bicicleta en que vive la mayoría de los chilenos, la inquietud se transforma en desesperación. Todo ello y la enorme desconfianza en la clase política en su conjunto genera este terremoto de contestación ciudadana.

 

Ello y la falta de un diagnóstico certero de lo que ha ocurrido en el país desde el 18 de Octubre pasado, llevaron al gobierno a creer que todo era fruto de una gran maniobra internacional, que había enemigos  poderosos ocultos detrás de las movilizaciones sociales y a pensar, por tanto, en términos bélicos, de guerra, más que políticos, de diálogo, y a responder a las movilizaciones con una excesiva represión policial e incluso con un intento de utilizar frontalmente al Ejercito para detener la protesta social. Fruto de ello es que , como han constatado las diversas agencias de los organismos internacionales que han investigado lo ocurrido en estos meses, se ha producido una extensa, masiva y permanente violación a los derechos humanos donde muertos, heridos, personas con pérdida de visión , torturas y maltratos, son los mayores que nunca se produjeron en Chile en democracia y que superan en mucho las estadísticas de violaciones a los derechos humanos en países que viven en estos mismos días explosiones sociales de gran magnitud.

 

En todo ello, la responsabilidad del Presidente Piñera es muy grande porque justamente su diagnóstico equivocado de lo que ocurría en el país trajo consigo que la represión se transformara por semanas en el único elemento de respuesta del gobierno, con la evidente inercia en la búsqueda de soluciones políticas y sociales que es lo que la población reclama.

 

 El gobierno perdió completamente su agenda original, que se transformó en parte del problema, y no ha sido capaz de construir, más allá de la buena voluntad y de la capacidad de diálogo apreciable del Ministro Briones, una agenda social que enfrente realmente los cambios estructurales que el país exige y de una salida a la crisis. Está en cuestión la capacidad de gobernar del Presidente y él debiera dejar de lado su tendencia a transformar todo en marketing sin contenido porque ello no es más creíble. Debe tener presente que tiene la peor evaluación ciudadana que un Presidente en democracia jamás haya tenido y que su margen de maniobra es muy reducido porque tiene el rechazo de la población y estará acorralado sea por las protestas que se reanudarán en marzo, porque el gobierno no aceleró los cambios, y por la mayoría de su propia alianza que vota Rechazo.

 

Si vota Apruebo se separa de la mayoría de su alianza, si vota Rechazo se separa de la historia. Deberá elegir dónde está y ya no hay espacios para los fuegos de artificio que el Presidente ama.