Gobierno anuncia un incremento del 3,2% (equivalente a US$ 2.100 millones); pero la cuantificación de sus 745 compromisos programáticos exceden ese monto; por otra parte, anuncia que 40% del déficit hospitalario lo reconocerá en el ejercicio presupuestario 2019 y anuncia incrementos sectoriales en educación superior de 6,2% y en educación pre-escolar de 3,9%.

 

Algo no calza en esta danza de cifras del gobierno. Una hipótesis es que así como habrá alza, también habrá rebajas sustantivas en programas sociales del Ministerio de la Mujer, Economía, Energía, Medio Ambiente –donde pareciera haber rebajas presupuestarias- y en otros ámbitos que aún no conocemos. Deberá ser tarea de la Oposición revisar en detalle las distintas partidas presupuestarias para evitar que haya recortes sociales o “congelamiento” de programas sociales valorados por la ciudadanía, en especial en temas que afectan a la mujer o agenda de género.

 

Debemos resguardar que estos recursos públicos del presupuesto 2019 tengan una adecuada focalización en las familias en situación de pobreza multidimensional y en las de clase media hasta 7º decil de ingresos y no haya recursos públicos para sectores acomodados.

 

Desde esa perspectiva de la focalización no parece sensato gastarse US$ 1,0 millón en una oficina de lobby para grandes inversionistas –que se dedican a presionar a los servicios públicos que están evaluando medioambientalmente proyectos de inversión-, ni que haya subsidios CORFO para empresarios que “se disfrazan de PYMES”.

 

La focalización de los recursos públicos en los sectores pobres y de clase media es clave en este debate presupuestario, en especial cuando se anuncia una red de protección para la clase media.

 

Es preocupante que no exista inversión pública para activar planes de empleo regional en aquellas regiones que superen el 7,3% de desempleo (cifra que no se veía desde 2011) y que son la mayoría del país como: Tarapacá 8,7%, Bío Bío 8,2%, Atacama 8,1%, Valparaíso 7,6%), ni tampoco existan recursos para implementar los programas de recuperación ambiental en aquellas mal llamadas “zonas de sacrificio ambiental” como es Quintero, Coronel, Huasco por ejemplo.