El exdirector de la fundación ProCultura, el médico siquiatra Alberto Larraín, se refirió al caso judicial que, en los últimos días, ha complicado a varios integrantes del Gobierno por supuestos vínculos con el propio Larraín y su entidad por financiamento ilegal de la política.

Uno de ellos es el Presidente Boric, sobre quien se han filtrado conversaciones interceptadas en las que abordaba su relación con Alberto Larraín y su exesposa Josefina Huneeus.

A través de un comunicado, Larraín aseguró que “nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”.

“La Fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”, señaló.

Del mismo modo, apuntó a que “varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del ex Pdte. Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor”.

También, aseguró que las transacciones en dinero a su pareja, Sebastián Balbontín, candidato a alcalde de Revolución Democrática por Limache, fueron aportes personales.

“Sobre las transferencias a Sebastián Balbontín (mi pareja hace más de 5 años). Éstas no provinieron desde ProCultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos cotidianos y domésticos”, dice Alberto Larraín.

Además, señala que “no existió jamás una votación ni acción de su parte, como consejero regional, que beneficiara a la Fundación”.

También sostuvo que “no me he enriquecido con este proceso”.

“Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra. En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones”, acotó.

Finalmente, Alberto Larraín remató que “espero que las opiniones sean más informadas, menos descontextualizadas, y así quienes tienen la misión de informar casos complejos a la ciudadanía respeten principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, cómo son, entre otros, el principio de inocencia”.