Por Alfredo Peña R.
Hay que sacarse el sombrero. No cualquiera logra desmantelar un sistema regulado, permitir la expansión del juego ilegal, validar la colusión empresarial y, por si fuera poco, seguir operando como si nada pasara.
Pero la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la Subsecretaría de Hacienda lo han logrado. Han llevado la inoperancia al nivel del arte.
Partamos por lo obvio: el gravisímo y millonario escándalo de la colusión entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol. Los tres gigantes del rubro, tan competitivos que decidieron no competir. “Tú postula aquí, yo allá, y todos ganamos”… salvo, claro, el Estado, la competencia y la fe pública. Pero no nos preocupemos, que la SCJ estaba ahí, atenta, tomando nota —como siempre— pero sin levantar ni una ceja. ¿Denunciar? ¿Investigar? ¿Prevenir? No, para qué. Total, que la Fiscalía Nacional Económica haga el trabajo sucio.
Los tres gigantes de los casinos están esperando que la fiscalía ratifique o cambie las graves penas que les impuso el Tribunal de la Libre Competencia por la friolera suma de 152 millones de dólares, más que le quiten las licencias de varios casinos del país.
¿Y las licitaciones? Un cuento aparte. Algunas quedaron desiertas, otras fueron elegantemente devueltas por Enjoy, como quien dice “gracias, pero no gracias”. Un detallito menor que pasó totalmente inadvertido para los genios de Hacienda, quienes probablemente pensaron: “Mejor, así nos ahorramos trabajo”. Porque para qué gestionar licitaciones complejas si se puede dejar que el mercado se autogestione… o se coluda, lo que ocurra primero.
Mientras tanto, en las calles, el juego ilegal florece como pradera en primavera. Máquinas tragamonedas en botillerías, almacenes, peluquerías y hasta en carnicerías. Todo un ecosistema paralelo funcionando a plena vista. Pero tranquilos, que la SCJ tiene un plan: mirar para otro lado y esperar a que el problema se resuelva solo. Porque claro, perseguir la ilegalidad es demasiado mainstream.
Y no olvidemos el fenómeno del juego online. Plataformas internacionales que operan sin regulación, sin pagar impuestos y sin cumplir ninguna norma. ¿Y qué hace el Estado chileno? Nada. Absolutamente nada. Pero nada con convicción, eso sí. Porque si algo han sabido proteger con celo, es el derecho de los ilegales a operar sin molestias. Los operadores legítimos que pasaron por procesos de licitación, invirtieron millones y cumplen la ley… bueno, que no sean tan graves. Que se modernicen, que se “adapten al nuevo ecosistema”, como dirían los iluminados.
En resumen, la SCJ y la Subsecretaría de Hacienda han hecho historia. No por su eficacia, sino por su capacidad para mirar hacia el techo mientras todo se cae a pedazos. Un verdadero modelo de cómo no regular una industria. Pero hay que reconocerles algo: si el objetivo era destruir la credibilidad del sistema, lo lograron con creces.
