Las últimas semanas era una cuña repetida en los programas políticos la petición de renuncia del Ministro Giorgio Jackson, que estaba colocando al Gobierno en una posición insostenible e incomoda tanto en el Congreso como en la opinión pública.

Del exitoso estratega de la campaña presidencial 2021, donde lograron derrotar sorpresivamente en la primaria de Apruebo Dignidad venciendo a Jadue (PC), como su paso a segunda vuelta con el triunfo en diciembre de ese año frente a José Antonio Kast, la figura de Giorgio Jackson aparecía como el socio y estratega de este exitoso abordaje de las nuevas generaciones en la política junto a Gabriel Boric que les había permitido llegar a la Moneda -a lo mejor antes de lo pensado-.

Su nombramiento como ministro en La Moneda en el complejo ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) resultaba un cargo natural, pero a la vez fue el inicio de 17 meses de sucesivos errores y derrotas políticas que culminaron con su renuncia de este viernes.

En la Segpres siguió siendo el estratega del Presidente de la República y lo sindican como el autor intelectual de “la teoría de los anillos” que convirtió a este gobierno en un complejo entramado de 2 coaliciones -inicialmente, una principal Frente Amplio y PC y un socio menor como el Socialismo Democrático vía PS y PPD-; impulsó la vinculación de las reformas gubernamentales al éxito de la Convención Constitucional, promovió el fin del Senado, se situó en una posición de superioridad moral con respecto a los actores políticos de la transición democrática y tras la derrota del plebiscito constitucional con el 62% de Rechazo fue señalado como el principal responsable del fracaso político del Gobierno en el plebiscito al haber convertido el plebiscito constitucional en un referéndum sobre la gestión del Gobierno.

Lo racional políticamente era que el 6 de septiembre hubiera salido del Gabinete junto a Izkia Siches, pero su condición de socio estratégico y amigo del Presidente de la República lo salvó y fue trasladado como ministro de Desarrollo Social, donde quedó expuesto en un diseño gubernamental que quedó sin agenda y debilitado después de la derrota política de septiembre 2022.

La irrupción de los casos de corrupción con la Fundación Democracia Viva -ligada a militantes activos de Revolución Democrática-, las denuncias de irregularidades en las Seremis de Desarrollo Social en Atacama y Antofagasta, el caso Camila Polizzi y las denuncias sobre las Fundaciones ProCultura y Urbanismo Social lo colocaron nuevamente en el foco de las acusaciones de este diseño de usar las Fundaciones para acceder a fondos públicos que permitieran levantar liderazgos cercanos a su partido RD.

La derecha lo sindicó como “autor intelectual” de este mecanismo de financiamiento irregular de  la política y reaparecieron de nuevo las críticas ya no sólo de la derecha, sino del “fuego amigo” a quienes denostó desde su discurso de la superioridad moral, en su intento de terminar con el Senado en primer semestre 2022 y así Giorgio Jackson se convirtió en el blanco de las críticas políticas transversales de quienes cuestionaban este mecanismo de financiamiento de las nuevas generaciones políticas que se conocían semana a semana en los medios de comunicación.

Esta crisis sin bordes convirtió a Jackson -como señala el influyente periodista y columnista Daniel Matamala- “en el símbolo de la desilusión con la nueva generación política”.

Algunos quieren convertirlo en un héroe, otros lo seguirán considerando villano, pero así es la política con los actores que no asumen las derrotas con realismo y se aferran a una posición de poder que los termina debilitando al máximo.

Lo que viene ahora es una nueva etapa con un gobierno más debilitado, sin fuerzas para imponer sus diseños en la cuestión previsional y en el tema tributario a la derecha; donde lo que aparece como urgente es consensuar en el Parlamento un paquete de reformas a la ley de presupuesto 2024 que evite las asignaciones directas, en especial en los Gobiernos Regionales, en el Minvu, en Cultura, donde haya más concursabilidad y transparencia en el desarrollo de métodos más competitivos que aseguren un uso adecuado de los recursos públicos.

El Gobierno debiera promover un acuerdo transversal para tener más probidad, más concursabilidad y más transparencias para las instituciones ejecutoras de fondos públicos en articulado y glosas de ley de presupuesto 2024 que restablezca un rol activo de los Cores en la asignación de recursos en los gobiernos regionales, que las transferencias de capital tengan similares regulaciones a las transferencias corrientes, que siempre se exijan boletas de garantías y que las instituciones deben tener una experiencia acreditada de a lo menos 3 años para acceder a recursos públicos, garantizando así un uso adecuado de los recursos públicos en nueva ley de presupuestos.

El Gobierno debe asumir que está obligado a negociar sus diseños y sus proyectos de ley en el Parlamento, para lo cual requiere tener un equipo de ministros con experiencia y capacidad negociadora, como también habilidades para cumplir lo pactado transversalmente en el Congreso -aspectos que no lo ha logrado en estos 17 meses- donde busca imponer diseños para los cuales no tiene mayorías o no escucha los reclamos parlamentarios sobre por ejemplo el deterioro educacional que está viviendo la educación pública o la crisis que están viviendo las empresas de energías renovables que están viviendo un complejo stress sectorial mientras ven crecer la producción de energías contaminantes.

También el Presidente de la República deberá señalar si insistirá en el fracasado enfoque de las dos coaliciones o empezará a transitar hacia un gobierno con hegemonía del Socialismo Democrático que busca dialogar con la derecha democrática para salir de la situación de estancamiento como anuncia el nuevo presidente del PPD.

Se cierra entonces una etapa con la salida de Giorgio Jackson, pero no hay claridad del rumbo estratégico optado por administración Boric y sería bueno señalizar cual será su vía de acción para enfrentar exitosamente los años 2024 y 2025 donde habrán importantes elecciones que definirán la nueva distribución del poder.