La Corte de Apelaciones de San Miguel decidió iniciar un sumario administrativo contra un grupo de conservadores de bienes raíces y notarios, tras su vinculación con jueces removidos de las cortes de Santiago y Suprema por actos de corrupción. La medida busca esclarecer la participación de estos funcionarios auxiliares en los hechos expuestos en el marco de la denominada trama bielorrusa, informó El Mercurio.
Un total de cuatro funcionarios de la jurisdicción de San Miguel fueron objeto de esta investigación sumaria, incluyendo a dos conservadores y dos notarios.
Entre los indagados se encuentra Rodrigo Yáber, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Barrena, archivero judicial; y los notarios Rodrigo Ortúzar y Fernando Martel.
La acción fue resuelta por el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuya presidenta, María Catalina González, indicó que la investigación se inició tras considerar los antecedentes administrativos existentes y la gravedad de los hechos.
Estos funcionarios auxiliares mantienen presuntos contactos con los jueces Antonio Ulloa y Ángela Vivanco, recientemente separados de sus cargos por la Corte Suprema.
