Lo ocurrido en Iquique con 5 funcionarios de la FACH detenidos por tráfico de drogas (ketamina) es una situación de extrema gravedad que muestra -una vez más- la debilidad de las instituciones frente a la penetración del crimen organizado en las instituciones de la defensa.

 No sólo es la FACH, también ha sido personal del Ejército en el norte, Carabineros en diversas partes del país que son penetrados por la corrupción y el tráfico de drogas.

 Pero no son sólo la FACH y el Ejército. También conocimos del secuestro del exalcalde de Macul vinculado a irregulares situaciones con crimen organizado local que deben ser aclaradas, ya que fue alcalde en una comuna donde hay un fuerte centro de drogas en el corazón de esa comuna.

También es grave que la FACH haya planteado que la investigación no la haga el Ministerio Público. Se requiere reforzar la probidad y la transparencia en las instituciones de la Defensa porque estos episodios revelan una preocupante debilidad ante el avance de los narcos.

Estamos asistiendo a un momento complejo porque el crimen organizado esta demostrando que ha aprendido a infiltrar y corromper a las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país.

Las Fuerzas Armadas, que por su naturaleza deben proteger las fronteras y actuar en zonas estratégicas (como en las denominadas macrozonas Sur y Norte), están siendo corrompidas y utilizadas por el narcotráfico y otros grupos criminales, ya sea para transportar ilícitos o simplemente para cerrar los ojos ante sus actividades (movimiento de drogas o contrabando de madera, cobre o pesca, por ejemplo).

Este ambiente de corrupción se ha extendido a jueces, incluso en la Corte Suprema como se ha revelado en los últimos meses y otras instituciones de la República donde diversos funcionarios públicos están actuando como facilitadores y ayudistas de mafias violentas y corruptoras.

Lo peor que le puede pasar a la democracia es la extensión de la corrupción en las instituciones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Por eso es clave fortalecer la transparencia y la probidad en el sector público central, descentralizado y en instancias autónomas donde se están produciendo altos flujos de dinero provenientes de actividades ílicitas.

Estamos asistiendo a ver como en Chile se entrelazan y crean redes complejas entre el crimen organizado y la corrupción en las instituciones públicas que pueden terminar socavando  la estabilidad social y la gobernabilidad democrática. 

Esta relación simbiótica puede tener graves consecuencias, como el debilitamiento de las instituciones, la erosión del estado de derecho y el aumento de la violencia. 

Insistimos que se requiere reforzar la probidad en los funcionarios e instituciones, también pasa por por fortalecer a las unidades de inteligencia y contrainteligencia, y dotar a una nueva Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de capacidades operativas que le permitan detectar y neutralizar la infiltración criminal.

La lucha contra el crimen organizado en Chile debe ser integral y multidimensional, que requiere acuerdos políticos transversales, que son difíciles de construir en la etapa final de un gobierno altamente cuestionado por sus fallas en materia de seguridad.

Pero el país requiere avanzar en un sistema de inteligencia robusto que apunte a desmantelar las redes de corrupción y tráficos que han echado raíces en el Chile actual.

Debemos detener la inseguridad y el caos institucional que revelan estos episodios que cada vez más afectan a nuestro país y es urgente un Acuerdo para avanzar en más probidad en el mundo público para detener la debilidad estatal ante el crimen organizado.