Foto: Fiscal Angel Valencia y Fiscal Patricio Cooper

La ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, reconoció que en el Ejecutivo existe “preocupación” por el uso la herramienta del fiscal de Coquimbo Patricio Cooper, de "pinchar" teléfonos de altas autoridades y luego que esas conversaciones privadas se filtren y sean conocidas y publicadas por los medios de comunicación. La ministra dijo que era una medida tan gravosa, aunque apuntó que al gobierno “no le corresponde pedir explicaciones” a la Fiscalía.

Este martes la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, elevó el tono y sostuvo que el organismo liderado por el fiscal nacional Ángel Valencia debe acreditar que existía mérito para solicitar la intervención del teléfono de Crispi.

“Siempre lo hemos dicho también como Ejecutivo, nadie está por sobre la ley, las instituciones tienen que respetarse y por tanto la Fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se daban los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esta”, remarcó.

Asimismo, cuestionó que el fiscal Cooper, en el afán de justificar la petición del “pinchazo” al exasesor de La Moneda, haya hecho una comparación con las opiniones cuando se trata de intervenciones en casos de narcotráfico.

"Yo no estoy para ser comentarista de los fiscales, pero me parece que efectivamente cada caso tiene que ser analizado en su mérito y por tanto no haría extensiones al respecto ni analogías en este caso", recalcó.

Pero no solo eso, además, como ya lo hizo la portavoz (s) del Ejecutivo, Lobos insistió en que la Fiscalía debe despejar si existió la solicitud para intervenir el teléfono del Presidente Boric en el caso ProCultura, poniendo sobre la mesa nuevamente el posible riesgo para la seguridad nacional.

El juez de Garantía de Santiago, detuvo esa diligencia por encontrarla que no ayudaba en nada a la investigación.

Desde La Moneda, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, también fue inquirido por la postura del Ejecutivo.

“El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”, dijo.