El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, aseguró que Soquimich es "una buena empresa" y que el acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción(Corfo) con SQM, para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030, se hizo con el visto bueno de la Presidenta Michelle Bachelet.

El también presidente de Corfo sostuvo que "somos profesionales que trabajamos para un Gobierno, pero la que manda es la Presidenta de la República".

Ante los cuestionamientos al acuerdo, Rodríguez Grossi dijo que se debe separar a la minera no metálica de las personas que están siendo investigadas: "Uno tiene que ser capaz de separar las personas que la han manejado, que están siendo investigadas todavía por los Tribunales de Justicia por sonoro y por otro tipo de delitos, de lo que es la empresa productiva".

"Es una buena empresa, técnicamente hablando. No hay ninguna empresa estatal chilena que sepa trabajar con esto, por lo tanto, tiene que iniciarse una nueva empresa, invertir, etcétera, y perder mucho tiempo", manifestó.

Para el próximo lunes, a las 18:30 horas, organizaciones y movimientos sociales, así como un grupo de parlamentarios, convocaron a una marcha en rechazo al acuerdo entre la Corfo y SQM.

Algunos exigen la salida anticipada del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, mientras que otros, como la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, piden que la Presidenta Michelle Bachelet detenga el contrato que le significará al país percibir cerca de 10 mil millones de dólares.

"Hago un llamado a la Presidenta de la República a que pare esto, porque esto es ser cómplice y decir que la corrupción se paga con mayores contratos, se paga con mayores ofertas, se paga con mayor plata, con el litio de todos los chilenos y chilenas", aseguró Sepúlveda, añadiendo que "nadie puede entender esto".

Las autoridades señalaron que, desde el punto de vista administrativo, éste ya es un caso cerrado, por lo que los detractores del acuerdo analizan llevarlo a Tribunales, pese a que se insistido en que se logró sacar del control de la compañía al cuestionado Julio Ponce Lerou y a su familia cercana.